Violada y encerrada

En la violación y sus circunstancias, recaen los más claros absurdos del sistema judicial mexicano. No importa qué ocurra ni qué consecuencias suscite la transgresión, porque de todas maneras el violador resulta víctima de las provocaciones de la mujer o, cuando menos, protagonista de un daño menor; en especial cuando, en un acto de inusual valentía, la agredida se atreve incluso a matar en defensa propia.

Uno más entre los cientos o miles de ataques sexuales que ocurren a diario en los corredores amordazados de nuestro país, en el padecido por Claudia Rodríguez el día de La Candelaria, se congregan todos los elementos condenatorios de una sociedad tan cerrada que, en tratándose de calificar y sancionar un delito, no puede abandonar el prejuicio en favor del sentido común.

De acuerdo a la información publicada en los diarios del país, la víctima, que resultó victimaria de su tenaz agresor es una mujer casada, de 29 años de edad, madre de cinco hijos y dedicada al comercio.

El asunto se volvió complicado, por conocer ella, previamente a Juan Manuel Carrera Antunes, de 26, también casado y padre de dos hijos, el episodio reúne todos los elementos para probar hasta dónde alcanza el extremo de inseguridad femenino, pues nadie respondió a sus llamados de auxilio mientras era atacada en la pasarela sur oriente de la estación “La Paz” del Metro, Línea A, hacia las 6:30 horas, aunque con gran eficacia el gendarme local la aprehendió, después del disparo en defensa propia, cuando según él, ella y su amiga trataban de darse a la fuga, dos estaciones más adelante.

Acusada de homicidio simple y expuesta a purgar una condena de 15 años de prisión, Claudia Rodríguez está recluida en el Centro de Readaptación Social de Texcoco desde hace seis meses:

—«Entregué el arma y pensé que la ley me iba a proteger (…) Mejor me hubiera dejado violar (…) Ningún sufrimiento se hubiera comparado con el que estoy pasando ahorita, encerrada y sin ver a mis hijos» —declara la victima a quién le voltearon el asuento.

En los antecedentes del caso está la clave de la cuestión: acudió sin el marido a una fiesta privada, donde comenzó el acoso sexual que vino a agravarse cuando hacia la medianoche decidieron ir a bailar con la amiga común, al Mesón del Tarasco, en la delegación Iztapalapa.

Durante las horas subsiguientes y a pesar de su negativa, se incrementaron las presiones de Juan Manuel quien, además de las cervezas previas, «casi se acabó una botella de Añejo».

En el más puro estilo bajuno de la sociedad mexicana, el sujeto insistió por los medios más ruines hasta rozar el punto de los empujones, los insultos, las amenazas y la consabida violencia física que concluyó en el vulgar ataque que le causó la muerte.

De haberse dejado violar y someterse después al controversial trámite judicial para que el ahora occiso sólo fuera acreedor, en el mejor de los casos, a dos terceras partes de la sanción impuesta por el delito de violación, a la acusada «solamente» le quedaría el trauma típico de estos hechos y no la condena mayor de 15 años de encierro por haberse atrevido a balearlo, en vez de ceder con más o menos enojo al abuso violento.

Expuesta a la inutilidad de un defensor de oficio y a la torpeza de un primer juez que le tocó en suerte, acudió a los servicios de un abogado que, sin garantizarle ninguna resolución favorable, de antemano le cobraría 200 000 pesos de honorarios: otra de las desmesuras frecuentes que empeoran el desamparo de una gran población femenina que, además de sufrir los efectos de la ignorancia, son arrojadas al submundo de los lenguajes carcelarios, de la llamada justicia y de una cabal confusión, donde priva el criterio aleatorio del Ministerio

Público, ese emisario del miedo que sólo el mayor infortunio nos obliga a enfrentar.

Defendida ahora de manera gratuita por tres abogados que se antojan heroicos al enfrentarse por nada al prejuicio social de los machos del Ministerio Público, Ana Laura y Beatriz Magaloni Kerpel y José Roldán Xopa, Claudia Rodríguez ejemplifica el destino de la defensa propia en manos de una mujer.

En principio resulta culpable de simple homicidio porque, en palabras de Carlos Hugo Blancas, Ministerio Público a cargo:

—«…aunque hubo forcejeo no se ha podido comprobar que hubo intento de violación; es más, si el occiso viviera, sólo se le podría culpar por lesiones, por los moretones que traía ella en los brazos, y realmente serían lesiones leves que sanan en menos de quince días; además, si ella era una persona casada, ¿por qué salió a bailar?»

Es decir, todo se justifica en su contra porque ella, siendo casada, se atrevió a salir a bailar… Casquivana y provocativa, merece todo el castigo, para que aprendan los otras…

En cualquier sociedad civilizada las mujeres cuentan con garantías jurídicas, menos aquí, donde la impunidad de los machos alcanza inclusive al Poder Judicial.

No conozco en México a una sola mujer, de cualquier edad o clase social, que no haya sido víctima, siquiera una vez, de acoso o violencia sexual.

Aun en los casos en que se interpone una denuncia de violación hay agresión de las autoridades al someter a la víctima a exámenes humillantes y dizque médicos.

Para nosotras, aquí, no existe el derecho.

Vivimos en la orilla del riesgo, al filo del abuso y del atropello.

Saber defenderse y no resultar malherida, vejada, ultrajada y exhibida como una piltrafa, aquí se califica cuando menos de complicidad o alevosía con ventaja.

Cansadas de una injusticia que en su totalidad carece de alternativas que amparen a la mujer, las más decididas aprendimos de la experiencia que nadie hará por nosotras y nuestra dignidad lo que no estemos dispuestas a hacer por la propia mano.

Hemos conocido ejemplos atroces de violación, como el de la niña Merle Yuridia Mondáin Segura, asesinada en Acapulco por Alejandro Braun Díaz, que a pesar del sinfín de pruebas y de la cantidad de protestas provenientes de todos los medios acabaron en un vergonzoso encubrimiento oficial del agresor, inclusive hasta el nivel de la Suprema Corte de Justicia. Sobre el entonces magistrado Ernesto Díaz Infante, amigo del abogado defensor, llovieron pruebas de que, recibió 500 mil dólares para influir en los magistrados Arredondo Vega y Zamudio Alemán con el fin de conceder un amparo al criminal y su posterior libertad.

Ninguno de los implicados fue encarcelado, sobre ninguno de ellos recayó «la justicia» y, mientras la familia y algunos indignados por éste y otros hechos de corrupción igualmente impunes aún recordamos los alcances de suciedad de que son capaces nuestras autoridades, en especial cuando existe cohecho, el «estado de Derecho mexicano» continúa descendiendo hasta obligar a la población indefensa a armarse y tomar la justicia por su cuenta, como ya empieza a observarse en los linchamientos recientes a causa de delitos sexuales, como el ocurrido recientemente en Morelos.

Nada produce más rabia, impotencia y deseo de venganza que ser atacada por un cerdo de estos que está dispuesto a matar con tal de satisfacer su lujuria.

La inmensa mayoría no hemos asesinado a nuestros atacantes, pero desearíamos haberlo hecho o, cuando menos, haberlos mutilado de manera ejemplar, a pesar de que, en ciertos casos, evitáramos la violación gracias a nuestra fuerza física o por la buena fortuna que al final es la única que nos protege.

Saberlos libres por el mundo, cometiendo una y otra vez los mismos crímenes con idéntica impunidad y aun con el beneplácito de los necios que suelen decir que nosotras los provocamos se transforma en estado de alerta constante, en simiente crítica que crece hasta fundirse a la justa exasperación de tantas mujeres que, como ahora Claudia Rodríguez, saben que aquí los agresores sexuales de todos los modos triunfan sobre sus víctimas, incluso cuando éstas impiden a tiempo la consumación del delito.

Basta actuar contra la voluntad de la otra y obligarla a tener relaciones para cometer una violación sexual. Estar con el agresor o bailar con él no es delito.

Libertinas, conservadoras, monjas, prostitutas o casadas: al igual que los hombres, todas pueden ejercer su derecho de ir y venir a cualquier sitio sin que en ellas recaiga el agravante de su conducta para mitigar la responsabilidad del agresor.

Si así fuera y por tales prejuicios se calificaran los actos masculinos, nuestro país sería un caldero peor al encendido por la Inquisición.

El Ministerio Público está interponiendo alegatos machistas contra la acusada que pueden refundirla en la cárcel durante 15 años, lo que en sí mismo significa otra infamia.

De ahí que éste no sea un caso aislado del Poder Judicial.

Lo que ocurra a esta mujer nos compromete a las demás mexicanas y abundará en los precedentes que invariablemente colocan a nuestra realidad judicial entre las peores y más corruptas de nuestro tiempo en el mundo.

Mientras las autoridades no asuman el alto sentido moral que implica su fallo y en tanto no se entienda cómo y hasta dónde puede un ciudadano ejercer su derecho a defenderse, esto continuará siendo lo que es: un muladar social, donde reinan los criminales.